Los estatales de ATE, con récord de menciones en los partes de Gendarmería

Es uno de los gremios que más confronta con la política salarial del Gobierno nacional.

10/03/13 “Aún si estuvieran pinchados, no vamos a cambiar nuestros teléfonos, porque el que tiene que cambiar es el Gobierno. Estamos en democracia. No está bien espiar a los dirigentes sociales ni criminalizar la protesta. Ellos son los que deben salir de la ilegalidad”. Lo dice Julio Fuentes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el gremio que tiene más menciones en el listado que hizo la Gendarmería sobre las “Principales organizaciones que originaron las expresiones sociales monitoreadas por la fuerza”.

Sentirse espiados, observados en toda la estructura de su organización, ha despertado una “profunda preocupación” entre los afiliados al gremio estatal, que suman 220 mil en todo el país.

“Nuestras actividades son públicas: hacemos asambleas en los pasillos de un hospital, en recintos abiertos, discutimos públicamente nuestras decisiones, nada de lo nuestro es secreto.

Se habrán metido fácilmente a mirar, pero una cosa es eso y otra es este accionar, con señalamientos ideológicos, que se utilizan además para denunciarnos ante la Justicia”, advierte Fuentes, quien afronta un juicio por “coacción agravada” por incidentes que se produjeron en una movilización en Neuquén, a comienzos de 2002.

“Tenemos 380 compañeros procesados. No es posible que quieran resolver una huelga con el Código Penal”, dice Fuentes, que preside actualmente la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales.

ATE pedirá esta semana ser parte querellante en la causa que investiga el espionaje de Gendarmería. Según la investigación judicial, los partes de inteligencia mencionan a trabajadores de distintas ramas del gremio estatal: los trabajadores del Teatro Colón, los empleados del INDEC, los del SENASA, los de la Administración Pública Nacional, los que se desempeñan en el Ministerio de Trabajo, los que trabajan en el PAMI, en la Administración de Parques Nacionales y los que militan también en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que transitó la década kirchnerista sin haber conseguido el reconocimiento legal que tantas veces le prometieron. 

En las movilizaciones del 25 de febrero pasado, ATE reclamó aumentos de salarios, equiparación de las asignaciones familiares y el 82% móvil para los jubilados.